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La Xunta de Galicia asume como un objetivo prioritario garantizar el derecho a la vivienda, que constituye uno de los pilares básicos de nuestro estado de bienestar. En un contexto en que la vivienda se erige como un motivo de preocupación para millones de ciudadanos en todo el mundo, las administraciones públicas debemos ser activas en la búsqueda de medidas que permitan tanto facilitar el acceso a un hogar como mejorar la calidad, mejorando las condiciones de habitabilidad y procurando, también, la sostenibilidad ambiental.

La Xunta, a través del Instituto Galego da Vivenda e Solo, como parte de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas que tengo el honor de presidir, sigue con atención a las necesidades de los ciudadanos, planifica con rigor la mejor manera de responderlas y ofrece un amplio catálogo de ayudas y actuaciones directas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los gallegos.

Disponemos de ayudas para facilitar a los ciudadanos el alquiler o la adquisición de una vivienda, pero también medidas destinadas a propietarios, municipios, cooperativas y promotores de cara a incrementar el parque de viviendas.

No menos importantes son las actuaciones directas que realizamos desde el propio Instituto Galego da Vivenda e Solo, con la construcción de nuevas viviendas y la rehabilitación de las existentes, con el fin de destinarlas a las capas más desfavorecidas de la población.

A esto se une nuestra apuesta por el desarrollo de suelo urbanizado para la construcción de vivienda protegida, que estamos impulsando especialmente en las grandes ciudades, donde se registra una mayor demanda.

En el Gobierno gallego somos sabedores de que disponer de una vivienda estable es uno de los anhelos que comparten todos los ciudadanos. Es el lugar donde se arraiga la identidad, donde se cobija la familia, donde se forjan proyectos y se construyen sueños.

Es comprensible que la preocupación por acceder a una vivienda adecuada sea una prioridad fundamental para muchas personas y, por lo tanto, desde las administraciones públicas, en el marco de nuestras responsabilidades y posibilidades, debemos de facilitar ese acceso.