M. Allegue: “el tiempo de la vivienda es el tiempo de la cooperación”

Santiago de Compostela, 10 de septiembre de 2026

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, subrayó hoy que “el tiempo de la vivienda es el tiempo de la cooperación” en su intervención en la II Jornada Internacional sobre la crisis de la vivienda, promovida por el Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA) y el Consello Económico e Social (CES).

Allegue puso de relieve que, ante este problema estructural que constituye una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, la Xunta está desarrollando su política de vivienda “como una verdadera política de país, con una actuación integral que abarca desde la obtención y urbanización del suelo hasta la construcción, la rehabilitación, el alquiler, la compra y, finalmente, la entrega de las llaves”. “La vivienda es un reto complejo —añadió—, pero Galicia cuenta con planificación, recursos, consenso y capacidad para afrontarlo. Con diálogo, con rigor y con hechos”.

En materia de construcción, destacó la hoja de ruta de la Xunta para duplicar en 2028 el parque público residencial hasta las 8.000 viviendas, con los 4.000 nuevos hogares comprometidos en esta legislatura ya en marcha. Un objetivo ampliado en el II Pacto de Vivenda de Galicia 2026–2030, acordado por unanimidad y con la “fortaleza colectiva” del sector en el Observatorio da Vivenda de Galicia, que suma otras 2.000 viviendas más para 2030, con el objetivo de contar con 10.000 en esa fecha.

Para el conjunto de las medidas previstas en el Pacto se estiman 2.000 M€ de inversión autonómica directa, capaces de inducir alrededor de 5.000 M€ de inversión adicional y de contribuir a la creación o al mantenimiento de cerca de 60.000 empleos.

Además, para incrementar la oferta de suelo, se impulsa la Estrategia Galega de Solo Residencial, con una inversión superior a los 350 M€, con la que se prevé desarrollar suelo para alrededor de 25.000 viviendas, de las que 20.000 serán protegidas.

La conselleira destacó asimismo la apuesta por la rehabilitación para “recuperar patrimonio, mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad, incorporar viviendas vacías al alquiler y favorecer la cohesión territorial”, a través de programas como Fogar Vivo, las ayudas a la rehabilitación en el rural o el apoyo a los ayuntamientos para recuperar viviendas de titularidad municipal.

Colaboración público-privada

Además de la promoción pública directa, la conselleira incidió en que el reto de la vivienda “exige sumar la capacidad de las administraciones, de los ayuntamientos y del sector privado”. “La colaboración público-privada significa orientar capacidades distintas hacia un objetivo común, con reglas claras, precios tasados y garantías”, apuntó. De este modo, la Administración autonómica está apoyando a los promotores de vivienda protegida, impulsando las técnicas de construcción industrializada o habilitando instrumentos de cooperación financiera con los ayuntamientos.

Esto acompañado de adaptaciones normativas para agilizar la puesta a disposición de vivienda y dar seguridad jurídica, como las modificaciones para facilitar la recuperación de edificios inacabados; la conversión de locales compatibles en viviendas o el aprovechamiento de suelos dotacionales sin uso para vivienda pública y alojamientos.

Recordó asimismo que la Xunta garantiza la calificación indefinida de las viviendas públicas y de las viviendas protegidas construidas sobre suelo público.

Puso también de relieve las medidas para que más familias puedan acceder a la vivienda, como las ayudas a la adquisición de vivienda protegida y de vivienda en centros históricos; el refuerzo de los avales para la compra de la primera vivienda, extendiendo la edad de las personas beneficiarias hasta los 45 años; el incremento de los umbrales de renta para facilitar el acceso a la vivienda pública; y las reservas específicas para la juventud y para familias con hijos.

Cooperación con las administraciones

En su intervención, la conselleira insistió en que la política de vivienda “requiere una cooperación leal y estable entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales” y en este sentido afirmó que la Xunta “participará en los instrumentos estatales porque todos los recursos son necesarios y porque la ciudadanía espera de las administraciones responsabilidad y entendimiento”, pero incidió en que esta cooperación “debe asentarse en el diálogo, en una financiación suficiente, en el respeto a las competencias y en la capacidad de adaptar los programas a la realidad de cada territorio”.

Recordó que los diferentes mercados residenciales requieren “políticas públicas firmes en los objetivos y flexibles en los instrumentos, que deben proteger a quien necesita apoyo, aumentar la oferta disponible y ofrecer seguridad tanto a las personas arrendatarias como a las propietarias”. En este sentido, apuntó que “las medidas que reducen la confianza o retraen viviendas del mercado pueden terminar perjudicando precisamente a quienes pretenden proteger”.

Apuntó a este respecto el “fracaso” de la declaración de las Zona de Mercado residencial Tensionado, ante los últimos datos de A Coruña que muestran que se “están retirando viviendas del mercado de alquiler”. De este modo, se produjo un descenso interanual del 50 % en el número de contratos.

Allegue concluyó señalando la necesidad de “más oferta, más vivienda pública y protegida, más rehabilitación y más seguridad”. “Necesitamos —añadió— también estabilidad normativa, capacidad industrial, profesionales cualificados y ayuntamientos con instrumentos para actuar. Y necesitamos evaluar las medidas, corregir lo que no funcione y reforzar aquello que demuestre resultados”.