La Xunta constata que las zonas tensionadas de A Coruña y Santiago reducen un 52% y un 55%, respectivamente, los contratos de alquiler y alerta del fracaso de la política intervencionista del Estado

Allegue cuestiona el reparto de 90 M€ del Estado a ayuntamientos con declaración de zona tensionada y reclama que los fondos se distribuyan con criterios objetivos y en función de las necesidades de vivienda

Ofrece asumir las 40 viviendas municipales vacías de A Coruña para rehabilitarlas e incorporarlas al alquiler público

Recuerda que Fogar Vivo ya facilita a los ayuntamientos seguros frente a impagos y daños para movilizar viviendas vacías y ampliar la oferta de alquiler accesible

Pone en valor las más de 1.000 viviendas públicas que están ya en marcha en A Coruña y el PIA del Monte Mero, que permitirá impulsar otras 4.400, 3.500 de ellas protegidas

La Xunta pide al Ayuntamiento de A Coruña nuevas parcelas para construir más vivienda pública y destinar a estos proyectos los fondos vinculados a las zonas tensionadas

Santiago de Compostela, 7 de noviembre de 2026

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, constató que los primeros resultados de las zonas de mercado residencial tensionado de la Coruña y Santiago de Compostela evidencian el fracaso de la política intervencionista impulsada por el Gobierno central, al reducirse un 52% y un 55%, respectivamente, los contratos de alquiler. La Xunta considera que estos datos demuestran que la declaración de estas áreas no está facilitando el acceso a la vivienda, sino que está reduciendo la oferta disponible.

Según explicó la conselleira hoy en el Parlamento, en el caso de A Coruña, los últimos datos del depósito de Fianzas del IGVS muestran que los contratos de alquiler pasaron de 730 en julio de 2025 a 349 en julio de 2026, una caída superior al 52%, y a 292 en agosto, casi un 60% menos. En Santiago, que entró en vigor como zona tensionada el pasado julio, y con los primeros datos conocidos de este agosto, se constata que la caída de contratos alcanza ya el 55%, al pasar de 441 a 199 contratos. Allegue advirtió de que menos contratos significan menos oferta y menos oportunidades.

Allegue dijo que los ayuntamientos gallegos no son los únicos en mostrar esta tendencia, y se refirió al caso de Barcelona, donde los datos oficiales del Instituto Catalán del Suelo (Incasol) muestran que dos años después de la declaración de la zona tensionada continúa reduciéndose el número de contratos, con una caída del 17%, frente al 14% registrado en el primer año.

Ante estos resultados, Allegue cuestionó que la respuesta del Gobierno central sea destinar 90 M€ exclusivamente a los territorios declarados como zonas tensionadas, de los que 5 M€ serían para A Coruña y Santiago de Compostela. La conselleira calificó como "chantaje y absoluta falta de respeto" al esfuerzo que están realizando otras administraciones autonómicas o municipales, más allá de tener o no la declaración de zonas tensionadas.

En este sentido, puso como ejemplos Ames, O Porriño, Pontevedra y Oleiros, ayuntamientos que están facilitando suelo, impulsando vivienda protegida o aprobando medidas para favorecer su construcción y movilización de vivienda vacía.

La conselleira defendió que los recursos del Estado son de todos y deben distribuirse con criterios objetivos y en función de las necesidades reales de vivienda, al tiempo que recordó que Galicia lleva tiempo reclamando más fondos en el marco del Plan Estatal de Vivienda.

Ante el anuncio del Gobierno del Estado de que llegarán 5 M€ a Galicia para A Coruña y Santiago, Allegue señaló que, si finalmente el Real Decreto, que está en fase de borrador, se aprueba, los fondos serán destinados a las políticas que la Xunta desarrolla en estas dos ciudades.

La conselleira destacó que el Ayuntamiento de A Coruña dispone de 40 viviendas vacías, de las que la Xunta no tenía conocimiento, y reiteró la oferta trasladada a la alcaldesa para que el Gobierno gallego pueda asumirlas, acometer las obras de mantenimiento y ponerlas en alquiler público, ante la falta de capacidad económica municipal para hacerlo, tal y como le fue trasladado en carta por el propio Ayuntamiento de A Coruña.

Allegue recordó, también, que la Xunta ya dispone del programa Fogar Vivo, que ofrece apoyo para los seguros de impago y daños a la que se pueden adherir los ayuntamientos. Así, invitó al Ayuntamiento de A Coruña a hacerlo y no duplicar medidas que ya tiene activas la Xunta  dentro de una política más amplia de movilización de viviendas vacías para incorporarlas al alquiler accesible.

Más de 1.000 viviendas públicas en marcha en A Coruña

Allegue destacó que en A Coruña se están desarrollando más de 1.000 viviendas públicas y que en el PIA del Monte Mero se levantarán alrededor de 4.400 viviendas, 3.500 de ellas protegidas, todas ellas con impulso y financiación de la Xunta de Galicia.

La conselleira recordó que el Gobierno gallego lleva meses solicitando al Ayuntamiento de A Coruña la cesión de nuevas parcelas municipales para poder construir más vivienda pública y reiteró el compromiso de que, si recibe esos solares, la Xunta invertirá en ellos los fondos procedentes de las zonas de mercado residencial tensionado para construir nuevas viviendas públicas. De no recibirse esas parcelas, los recursos serán destinados a otras actuaciones de la Xunta en materia de vivienda en la ciudad de A Coruña.