Belén do Campo supervisa un nuevo ascensor instalado con las ayudas de la Xunta para hacer más accesibles los edificios residenciales y viviendas
La Xunta destina este año 11M€ para este tipo de actuaciones
Las intervenciones subvencionables tienen como fin facilitar la adaptación tanto interior como exterior de inmuebles de tipo residencial a través, por ejemplo, de la instalación de ascensores y salva escaleras, así como de cualquier intervención que facilite la accesibilidad universal en las propias viviendas y edificios, y en las vías de evacuación
A Coruña, 8 de agosto de 2024
La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada por la directora territorial de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, Begoña Freire, supervisó hoy el nuevo ascensor instalado en la calle Sano Andrés, gracias a un apoyo de la Xunta de 137.000 euros, que tuvo un coste total de 172.000 euros. La obras consistieron en la instalación de un ascensor, de una rampa de escaleras en el portal, colocación de un nuevo pasamanos y renovación de la puerta del portal para cumplir con los requisitos de accesibilidad.
Belén do Campo explicó que esta actuación fue posible gracias a las ayudas para mejorar la accesibilidad tanto en edificios residenciales colectivos como en viviendas individualmente de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.
La Xunta destina, este año, 11M€ para atender a la importante demanda de solicitudes recibidas, que superaron el millar. El objetivo de estas ayudas es apoyar a la ciudadanía en la financiación de obras e instalaciones que contribuyan a eliminar barreras arquitectónicas, faciliten el acceso o favorezcan la autonomía y la movilidad tanto en construcciones unifamiliares como en edificios de tipo residencial colectivo y en las viviendas que los integran. Además, las actuaciones pueden realizarse no solo dentro de los inmuebles sino también en los espacios comunes, como jardines o zonas deportivas, y en aquellos que sirven para comunicarlos con el exterior.
Entre las obras subvencionables se incluyeron por ejemplo, la instalación de ascensores, salva escaleras, costas o mecanismos motorizados para abrir puertas; las reformas de los accesos desde la vía pública; la colocación de productos de apoyo como grúas, sistemas tecnológicos de guiado, señales luminosas, táctiles o sonoros; dispositivos electrónicos de comunicación con el exterior; la aplicación de domótica y otra tecnología que favorezca la autonomía personal; y cualquier intervención que facilite la accesibilidad universal en el interior de las viviendas, en los propios edificios, así como en las vías de evacuación.
En cuanto a los beneficiarios, pudieron acogerse al programa personas físicas propietarias, usufructuarias o inquilinas de los inmuebles, comunidades vecinales, sociedades cooperativas y empresas constructoras, propietarias o arrendatarias de los edificios.
Con carácter general, las ayudas cobren como máximo, el 60 % del coste de la actuación que se acometa, aunque este porcentaje podrá incrementarse hasta el 80 % se en la vivienda o en el edificio reside una persona con discapacidad o que sea mayor de 65 años
Asimismo, el plazo de ejecución de las obras en el caso de viviendas unifamiliares no podrá exceder los 12 meses, mientras que para los edificios de tipología residencial colectiva será de 24 meses toda vez que las intervenciones en este tipo de inmuebles suelen ser más complejas y requieren de más tiempo. En cualquiera caso, las actuaciones subvencionadas deberán estar finalizadas antes de 1 de diciembre del año que viene.
En 2022 el presupuesto asignado la esta línea fue de 4,3 millones de euros y ante la elevada demanda detectada, la dotación de la segunda convocatoria se incrementó hasta los 9 millones, cuantía que se volvió a reforzar este año, alcanzando los 9,42 millones de euros.
En el período 2022-2023 la Xunta concedió 364 ayudas directas para hacer más accesibles viviendas y edificios de carácter residencial. El importe otorgado superó los 12 millones y gracias a estas subvenciones, propietarios particulares, comunidades e inquilinos pudieron ejecutar mejoras y adaptaciones en casi 2.000 viviendas en el conjunto de Galicia.