La Xunta asegura que cumple la normativa sobre viviendas de uso turístico e insta al ayuntamiento de Santiago y al Gobierno central a asumir sus competencias en este ámbito
El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes intervino en el Parlamento de Galicia, donde recordó que Galicia fue pionera en esta regulación
El Gobierno gallego recuerda que los ayuntamientos deben comprobar si estos espacios cumplen la normativa municipal
El Ejecutivo autonómico sigue a la espera de que el Gobierno central le remita el listado sobre supuestas irregularidades en la publicidad de estos alojamientos anunciada por el ministro de Consumo en un encuentro con la alcaldesa de Santiago
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Santiago de Compostela, 7 de mayo de 2025
El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, insistió hoy en el Parlamento de Galicia que la Xunta cumple con lo que marca la ley sobre las viviendas de uso turístico (VUTs) e instó al Ayuntamiento de Santiago y al Gobierno central a asumir sus competencias en este ámbito. Así lo aseguró en contestación a una pregunta sobre el incremento de estos alojamientos, en la que recordó además que Galicia ya fue pionera en su regulación, con un decreto del año 2017, fruto del diálogo con las distintas administraciones y con el sector, y que permite ofrecerles seguridad jurídica a propietarios y usuarios.
En este marco legal, Diego Calvo señaló que los ayuntamientos y las comunidades de vecinos tienen potestad para ejercer sus competencias en la regulación de las viviendas de uso turístico. Así, las administraciones locales "son las encargadas de comprobar si una determinada vivienda cumple la normativa municipal y, de no cumplirla, de comunicárselo a Turismo de Galicia para que proceda, si es el caso, al expediente de baja para garantizar la seguridad jurídica", añadió.
Incidió además en que la Xunta vela por la regularidad del sector turístico para garantizar un servicio de calidad. De este modo, Turismo de Galicia lleva a cabo inspecciones y colabora con los ayuntamientos, actuando siempre que estos notifican que la actividad es contraria al plan urbanístico o carece del título habilitante municipal en caso de que ese ayuntamiento lo exija.
En su intervención, el conselleiro se refirió también al encuentro mantenido por la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023, Pablo Bustinduy, del que la Xunta no tuvo comunicación y en el que se anunció la existencia de un listado de supuesta publicidad ilícita por parte de propietarios de viviendas de uso turístico de la comunidad. Según Diego Calvo, el Gobierno gallego sigue a la espera de esta información para poder realizar las comprobaciones necesarias y garantizar así los derechos de todos los implicados.
En esta línea, la Xunta considera esta actitud totalmente oportunista y populista y por eso, el conselleiro solicitó de nuevo la documentación anunciada ante los medios de comunicación, donde conste los datos y motivos específicos para poder actuar con la contundencia y seguridad jurídica que caracteriza la actuación del Ejecutivo autonómico.
Hace falta recordar que las declaraciones del ministro se produjeron justo antes de un puente y en un momento que pudieron afectar a las reservas por parte de los posibles visitantes a la comunidad gallega. En este sentido, el Gobierno gallego considera que estas manifestaciones fueron una irresponsabilidad al crear alarma con el objetivo de buscar más un rendimiento mediático y debilitar un sector que está reportando importantes beneficios para Galicia, repartiendo riqueza por todo el territorio a lo largo de todo el año, y generando una actividad productiva que representa más del 10% del PIB que da empleo a 130.000 personas.
De hecho, la comparecencia del ministro el pasado 25 de abril ante los medios de comunicación para denunciar la existencia de una relación de viviendas de uso turístico que no cumplía la normativa vigente solo sirvió para generar alarma e inseguridad ante los usuarios y posibles clientes. En esta línea, la Xunta lamenta que no se dirigiera directamente a la Administración autonómica con competencias exclusivas en materia de turismo y optara por los medios de comunicación para dar cuenta de la seriedad de una realidad que consideró grave y descontrolada.