VolverLa conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María M. Allegue, firmó hoy con el presidente del Consello da Avogacía Galega, Francisco José Rabuñal, la renovación de este convenio
El acuerdo entre la Xunta y el Consello da Avogacía Galega permite atender en 2024 más de un centenar de consultas en materia de vivienda
El Gobierno gallego destina un presupuesto de 61.000€ al desarrollo de este convenio, incrementando la dotación con respecto a años anteriores
Esta colaboración incluye desde el año pasado el servicio de intermediación entre grandes tenedores y personas en riesgo de deshaucio en situación de vulnerabilidad
Este servicio de intermediación, a través del Instituto Gallego de Mediación y Arbitraje y los colegios de la abogacía de Galicia, ya atendió en 9 meses unos 53 casos
El convenio también abarca servicio de asesoramiento jurídico, que informa sobre los derechos y deberes de las personas en riesgo de perder su vivienda a consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria
Este servicio también proporciona orientación a las personas propietarias o usufructuarias que se vean afectadas por ocupaciones ilegales de sus viviendas
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Santiago de Compostela, 21 de enero de 2025
El acuerdo entre la Xunta y el Consello da Avogacía Galega permite atender en 2024 más de un ciento de consultas en materia de vivienda.
La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, junto con el secretario general técnico de la Consellería, Yago Borrajo, y el secretario general de Vivienda y Urbanismo, Heriberto García Porto, firmó hoy con el presidente del Consello da Avogacía Galega, Francisco José Rabuñal, la renovación de este convenio de colaboración.
El Ejecutivo autonómico destina una inversión de 61.000€ al desarrollo de este convenio, incrementando el presupuesto con respeto al año pasado.
Este convenio, activo desde el 2020, incluyó el año pasado como novedad el servicio de intermediación entre grandes tenedores y personas en riesgo de deshaucio en situación de vulnerabilidad.
En este sentido, el Gobierno gallego puso en marcha esta intermediación a través del Instituto Gallego de Mediación y Arbitraje (INGALMAR) y los colegios de la abogacía de Galicia, atendiendo en 9 meses de actividad unos 53 casos.
Detalló que la mayoría de los casos atendidos fueron a través del Colegio de Abogados de Pontevedra 13; Lugo, 12; Santiago, 8; Vigo, 6; Ferrol, 5; Ourense, 5; y A Coruña, 4.
El convenio hoy renovado también abarca el servicio de asesoramiento y orientación jurídica, siendo hasta ahora ya 135 letrados gallegos los que colaboraron. En el año 2024 se atendieron un total de 109 consultas.
En estas consultas, los ciudadanos reciben información sobre los derechos y deberes que tienen si están en riesgo de perder su vivienda a consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria.
Este servicio también proporciona orientación a las personas propietarias o usufructuarias que se vean afectadas por ocupaciones ilegales de sus viviendas.
Hace falta recordar que estas consultas se formulan a través del teléfono 900 121 221 o mediante los formularios de la página web del Consello da Avogacía Galega.
La conselleira subrayó que este tipo de iniciativas son estratégicas para conseguir la protección de los derechos de acceso a la vivienda, por lo que se seguirá ahondando en esta y en otras vías de colaboración con la abogacía gallega.