El secretario general de Vivienda y Urbanismo, Heriberto García Porto, respondió en sede parlamentaria a una pregunta sobre vivienda
La Xunta recuerda que la Ley estatal de vivienda da más incertidumbres que confianza al mercado residencial
García Porto destaca que la Xunta sigue manteniendo que la declaración de zonas tensionadas "no es una medida eficaz", y apuesta por dar seguridad jurídica para que los propietarios oferten viviendas en alquiler y los promotores impulsen desarrollos para este fin
Recuerda que hasta el momento ningún ayuntamiento gallego solicitó la declaración de zona tensionada, y solo hubo "declaraciones de intenciones"
Destacó que la Xunta está trabajando en medidas que faciliten el acceso a la vivienda, con la construcción de vivienda pública en los ayuntamientos de mayor demanda, la concesión de ayudas a promotores para la construcción de viviendas para alquiler y el desarrollo de suelo
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Santiago de Compostela, 19 de diciembre de 2024
La Xunta destaca que ningún ayuntamiento presentó hasta el momento a solicitud de declaración de zona tensionada y advierte de las consecuencias negativas de esta medida para el mercado de alquiler de viviendas.
El secretario del Instituto Galego da Vivenda e Solo, Heriberto García Porto, subrayó en una intervención parlamentaria que la Xunta no tiene ningún cambio de posición respeto a la declaración de zonas tensionadas, medida que no considera eficaz para solucionar el problema del precio de la vivienda "y que trae más incertidumbres que confianza al mercado residencial, y así lo seguimos manteniendo".
"Desde la Xunta -indicó- siempre dijimos que no íbamos a declarar de oficio zonas de mercado residencial tensionado. Pero también siempre dijimos que, desde luego, íbamos a cumplir la ley".
No obstante, ante la falta de claridad en el procedimiento establecido por el Gobierno central, la Xunta realizó una modificación en la Ley de Vivienda de Galicia para detallar los pasos a seguir por parte de los ayuntamientos para solicitar la declaración, que deben avalar con documentos y estudios técnicos su solicitud.
Con esta regulación, señaló el secretario general de Vivienda y Urbanismo, se posibilita que los ayuntamientos que, después de su análisis y propuestas, considere que debe aplicarla, la puedan implantar. "Siempre defendemos -apuntó- que es necesaria una participación activa de los ayuntamientos para solucionar el problema de acceso a vivienda y por lo tanto, y más allá de no considerarla una medida adecuada, creemos que debemos tramitar las iniciativas municipales que se presenten".
Insistió en que hasta el momento no se ha registrado ninguna solicitud por parte de los ayuntamientos con la correspondiente aportación de la documentación preceptiva, "solo declaraciones de intenciones".
Reiteró que la Xunta apuesta por dar seguridad jurídica para que los propietarios oferten sus viviendas en alquiler y los promotores impulsen nuevos desarrollos para destinarlos a este fin.
Apuntó que esta medida del Gobierno central solo le va a poner tope a los precios a las viviendas de grandes tenedores, que en Galicia son menos del 4%, y a las que llevan más de 5 años sin alquilarse, por lo que no va a incentivar que se pongan en el mercado. Y advirtió de que con esta iniciativa, los propietarios preferirán vender las viviendas, destinarlas al alquiler turístico, alquilarlas por cuartos o mantos vacías, como está aconteciendo en ciudades europeas que adoptaron medidas similares.
Por el contrario, destacó que la Xunta, está trabajando en medidas que faciliten el acceso a la vivienda, con la construcción de vivienda pública en los ayuntamientos donde se concentra la mayor demanda, la concesión de ayudas a promotores para la construcción de viviendas para alquiler y el desarrollo de suelo que permita la construcción de 25.000 viviendas, de las que 20.000 serán protegidas. Paralelamente, se ofrecen ayudas para el alquiler y adquisición de viviendas y se estimula la salida al mercadode alquiler de la vivienda vacía.
"En eso deberíamos centrar los esfuerzos todas las administraciones para agilizar plazos y tramitaciones que permitan dar solución definitiva desde la iniciativa pública a la dificultad de acceso", añadió.