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A Coruña, 26 de septiembre de 2022 La Xunta de Galicia volvió a reclamar hoy al Gobierno central que actúe de forma eficaz y contundente para frenar el fenómeno de la ocupación de viviendas impulsando una reforma legislativa que, entre otras cuestiones, endurezca las penas contra los responsables de este tipo de acciones y garantice la máxima agilidad a la hora de desalojar los inmuebles ocupados.

Esta fue la principal demanda que le trasladó hoy la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, al delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones, con quien se reunió por primera vez desde que asumió el cargo, hace año y medio.

Después de subrayar la necesidad de trabajar desde las administraciones públicas para ofrecer un marco jurídico estable y duradero frente al fenómeno okupa, Ángeles Vázquez hizo hincapié en la dimensión social del problema, que afecta no solo a los propietarios de los inmuebles, sino también al vecindario de los barrios y zonas que concentran un mayor número de casos y a la sociedad en general, generando inquietud e inseguridad.

Así se lo trasladaron en los últimos meses las principales federaciones y asociaciones vecinales de Galicia, que comparten la preocupación de la Xunta y demandan las reformas normativas a nivel estatal que sean necesarias para hacer frente al aumento de las ocupaciones.

Tras reiterar su petición de que el Gobierno central comparta con la Xunta los datos que maneja —compromiso que adquirió el delegado—, la conselleira incidió en que, pese a las dificultades para disponer de cifras exactas viviendas ocupadas, es evidente que se trata de un problema con una tendencia creciente en Galicia y que, por esa razón, despierta una sensibilidad social cada vez mayor que requiere soluciones rápidas y eficaces.

En concreto, los puntos clave de la demanda de la Xunta son otorgar a las comunidades de vecinos el derecho a actuar ante la justicia en caso de ocupación; arbitrar mecanismos jurídicos que garanticen el desalojo cautelar del inmueble en las primeras horas; endurecer las penas tanto para disuadir a los okupas como para acabar con la sensación de impotencia de los afectados; y lograr un marco normativo que ponga freno la esta situación.

Por el contrario, la responsable autonómica lamentó que, a pesar de que su departamento lleva más de dos años advirtiendo de la problemática que están generando las ocupaciones ilegales en entornos residenciales de todo el país, el Ejecutivo central parece no compartir esta misma inquietud.

De hecho, la futura Ley de vivienda estatal, actualmente en tramitación parlamentaria, podría incluso agravar la situación actual ya que, segundo explicó la conselleira, admite la ocupación ilegal como una forma de acceso preferente al parque público residencial, a través de una modificación de la Ley de enjuizamiento civil incorporada en el proyecto.

Por eso, consideró de gran utilidad los dos informes encargados por la Xunta a juristas expertos en la materia con el fin de buscar soluciones y cambios legislativos eficaces frente al fenómeno de las ocupaciones, poniendo ambos documentos a la disposición de Miñones.

Tramitación de los PBM

En otra orden de asuntos, la conselleira aprovechó su reunión con delegado del Gobierno en Galicia para trasladarle que los planes básicos municipales de media docena de ayuntamientos gallegos están pendientes de aprobación definitiva desde hace meses debido a los requerimientos formulados por parte de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS).

Al respeto y tras señalar la importancia de esta herramienta urbanística para los municipios de menos de 5.000 habitantes sin ningún tipo de planeamiento, Ángeles Vázquez le pidió que se había interesado por la situación ante el organismo de cuenca estatal, apelando a la colaboración institucional entre administraciones para tratar de resolver esta situación y agilizar en la medida del posible los correspondientes informes.